Según un estudio sobre la morosidad, en 2010 la Administración Pública pagaba a sus proveedores a 157 días y las empresas a 93. Sin embargo, la Ley española obliga en 2012 a que tanto unas como otras acorten sus plazos de pago a proveedores a 40 días para las Administraciones Públicas y 75 días el sector privado. Pero además, la Comisión Europea tiene la intención de anticipar en un año la entrada en vigor de la nueva directiva europea sobre morosidad por lo que el plazo se reduciría a un máximo de 30 días para las Administraciones y de 60 para las empresas, previéndose la posibilidad de cobrar interés legal de demora y compensación por los costes de cobro. Además, se ha propuesto la aplicación de un régimen sancionador en caso de incumplimiento que establece multas de entre 6.000 y 300.000 euros en función del grado de intensidad de las infracciones, pudiéndose decretar incluso el cierre temporal de las empresas reincidentes en más de 3 veces en infracciones muy graves.